Educación superior, oportunidades para el posconflicto
Abstract
La educación superior implica constantes esfuerzos para cumplir con el
compromiso de accesibilidad con calidad de la población en general, siendo un
ejercicio inclusivo con las poblaciones vulnerables incluyendo las personas
desmovilizadas de los grupos delictivos. Esta situación entonces ha motivado el
interés por identificar las medidas que ha propuesto el gobierno y la sociedad civil
como políticas públicas para permitir el acceso a la educación superior, objetivo
que se logró por medio de la aplicación de la investigación cualitativa de tipo
descriptivo documental acudiendo a fuentes bibliográficas confiables a nivel
nacional e internacional. La investigación permitió identificar que el Estado
colombiano y las instituciones de educación superior tienen el reto de promover
una educación inclusiva que genere sociedades incluyentes, meta que piensan
lograr por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) como
encargada de fortalecer la implementación de la política de reintegración dentro de
la que se incluye estímulos educativos económicos para los desmovilizados. Así
mismo, la contribución de las instituciones de educación superior ha sido valiosa,
en Colombia la Universidad Nacional tiene el compromiso de realizar un censo
socioeconómico que permita comprender las necesidades de esta población,
también se creó con ayuda de Alemania el Instituto Colombo-alemán para
Estudios de Paz, y por su parte, Cuba entregó 1000 becas para estudios en
medicina. Por otro lado, se resalta la participación del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU) con 10 temas que esperan que apoye la creación de
una política pública orientada a la paz y la inclusión a cargo del Estado
colombiano.
Los resultados de este estudio evidencian unos esfuerzos mancomunados que se
están realizando para dar respuesta a esta necesidad educativa, no obstante es
importante que se realice un seguimiento activo a estas estrategias y que las
instituciones de educación superior públicas y privadas, y la sociedad civil se
sensibilicen en mayor medida sobre esta situación para que participen y
promuevan espacios de formación que facilite responder efectivamente al reto de
la reinserción de los actores del conflicto en el proceso del post acuerdo.
