Centro de resocialización para mujeres privadas de la libertad en San Gil, Santander

Abstract

El Centro de resocialización para Mujeres privadas de la Libertad (CRM) busca mitigar el déficit penitenciario en el país; como lo ha mencionado el Gobierno de Juan Manuel Santos en reiteradas ocasiones, que el hacinamiento en las cárceles del país es del 54%. Por ello se plantea un establecimiento penitenciario basado en modelos teóricos de resocialización contemporáneos que actualmente se aplican en el campo internacional, y que está establecido en el Nuevo Código Penitenciario y Carcelario, el cual tiene como principio rector “La resocialización para todas las personas que han alterado el sistema jurídico al cometer conductas punible”1.

La reclusa al momento de ingresar al Centro, dependiendo de su nivel de peligrosidad y los delitos cometidos, será clasificada en una de las etapas de resocialización que consta de un programa progresivo de tres etapas, siendo la tercera donde menos se tiene contacto con el exterior, a manera de castigo. En la primera y segunda se irán generando espacios físicos dentro del centro carcelario que sean posibles escenarios a los que los que las reclusas se verán enfrentadas al terminar su condena.

El CRM se emplaza en un contexto natural con una topografía marcada, fuera del perímetro urbano de San Gil, Santander; pero a pocos kilómetros y de fácil accesibilidad a las vías departamentales, para que sus familias y las visitas judiciales que se deban realizar, puedan cumplirse al ser uno de los derechos más vulnerados actualmente.

La parte social define como prioridad el bienestar de las mujeres, y sus hijos; que como consecuencia de la falta de oportunidades, educación y trabajo, madres cabeza de familia que han incurrido en situaciones delictivas, “En su mayoría delitos relacionados con las drogas, lesiones personales y robo.2, según la Procuraduría.

Por ello, el establecimiento penitenciario proveerá espacios adecuados para evitar aún más la fragmentación familiar que existe en esta población en estado de vulnerabilidad, que se agrava si estas mujeres se encuentran en estado de embarazo o tienen niños menores de tres años en la prisión.