Desarrollo urbano en Bogotá un dilema entre la gentrificación y el derecho mínimo a la vivienda

Abstract

La gentrificación, de acuerdo con el (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015) p. 21 “es ante todo una operación de mercado dirigida a revalorizar los centros urbanos por medio de la entrada de nuevos habitantes de rentas más altas” es una problemática que obstaculiza la construcción de obras civiles en su búsqueda por generar soluciones a las necesidades de la población más vulnerable. En el desarrollo sostenible de Bogotá es preciso mantener un equilibrio entre el beneficio y el costo de los interesados, pero con los procesos de gentrificación los inversionistas centran sus esfuerzos en lograr una mejora en la productividad de los terrenos, anteponiéndose a proyectos de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritaria (VIP), que pretenden lograr un equilibrio entre lo social y económico, así como en el derecho a disfrutar la ciudad (Ruiz Solano, 2017). Bogotá como capital de Colombia, por circunstancias históricas y políticas en diferentes escenarios y situaciones sociales, ha tenido que acoger 722.743 víctimas de desplazamiento forzado que han realizado sus declaraciones como tales en Bogotá lo que equivale al 8.4% de las víctimas de desplazamiento en el país que buscan oportunidades de sustento y una vivienda donde recomenzar una vida junto con familias (Conexion capital, 2018). Esto sumado a factores como la desigualdad social, la violencia y las catástrofes naturales, han generado la carencia de un hogar propio para gran cantidad de familias, como lo evidencia el boletín informativo del (DANE, 2017), en donde se reporta que en Bogota el 49.9 % de la poblacion vive en arriendo y el 7.2% vive en subarriendo con permiso del propietario, sin pago alguno, convirtiéndola en la ciudad del país con más familias sin vivienda que demandan con vehemencia la ejecución de proyectos con una planificación ágil pero responsable, que asegure la buena utilización y eficacia de los recursos asignados a ese fin. El estado teniendo la necesidad de resolver esta problemática social en su carta magna decretó el derecho a tener una vivienda. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda “(Constitución política colombiana, 1991) art. 51 En este contexto miles de residentes propios o migrantes demandan con urgencia el cumplimiento de una obligación propia del estado y consagrada en su constitución que se fundamenta en el respeto por la dignidad humana, donde literalmente dice: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad” (Constitución política colombiana, 1991 art.5). En contraposición a lo anterior, parecen estar los procesos de gentrificación al convertirse en política pública para lograr transformaciones progresistas y económicas, consistentes reconquistar centros urbanos, implícitos dentro de la inversión inmobiliaria, que requieren el desplazamiento de sectores populares (Janoschka & Sequera, 2014).