Tensiones legislativas y discursos de los actores en el marco de la restitución de tierras en Colombia: una pugna entre el Estado y las víctimas

Abstract

Este estudio analiza los diferentes precedentes jurisprudenciales y actos legislativos en el marco de la formalización de la propiedad rural en Colombia; así como la evolución jurisprudencial en torno al desplazamiento forzado y la restitución de tierras. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-025 de 2004 declaró que la reiterada vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada llegó a constituir un ‘estado de cosas inconstitucional’ y a partir de esto, “estableció una serie de órdenes en materia de políticas públicas a las instituciones del Estado, con el fin de garantizar y proteger derechos fundamentales” (Alzate, 2014, p. 50). Por esta razón; esta investigación busca establecer un compendio constitucional de precedentes jurisprudenciales que demuestran las categorías y derechos que se han logrado adquirir con el paso de los años para las víctimas del conflicto, señalando quiénes han intervenido en esta evolución, sus partidos, intereses y centros de pensamiento en los que se han formado. La Corte Constitucional confirió plazos y compromisos a las autoridades; evaluó la política pública y su idoneidad para garantizar los derechos de la población desplazada; reflexionó sobre los compromisos de las entidades territoriales; y promovió la participación de la sociedad civil y las universidades para realizar el respectivo seguimiento. Se evaluaron las diferentes reformas agrarias de los últimos 80 años expuestas en Leyes y planes de gobierno, cuyos objetivos han sido construir un campo más productivo y equitativo, pero que, debido al conflicto armado, la corrupción y el conflicto de intereses han sido imposibles de cumplir. Utilizando un enfoque de investigación mixto que permite organizar las categorías fundamentales de cada sentencia A (Actos), C (Acción pública de inconstitucionalidad) o T (Tutela) declarada por la Corte, se logró determinar que las reformas agrarias han sido en favor de latifundistas y megaproyectos industriales. A pesar de esto, la Ley de restitución de tierras 1448 de 2011 quiso devolver a millones de familias desplazadas por la guerra al campo colombiano, pero desde su implementación se ha demostrado como no se cumplirán las metas iniciales debido a ciertos actos del aparato burocrático y legislativo. A dos años de finalizar la implementación de la Ley aún existen barreras institucionales, judiciales y de violencia que imposibilitan cumplir dichos objetivos.

This study analyses different jurisprudential precedents and legislative acts in Colombia´s framework of rural property formalization, as well as the jurisprudential evolution towards forced displacement and land restitution. The Constitutional Court, by means of Judgment T-025 of 2004 declared that the reiterative violation of displaced population’s fundamental rights came to establish an “unconstitutional state of affairs” and based on that has “established a series of commands in matter of public policies for the State’s institutions with the purpose of guaranteeing and protecting fundamental rights” (Alzate, 2014, p. 50). For this reason, this research is looking up to consolidate a constitutional compendium of jurisprudential precedents that demonstrate which categories and rights have been achieved to acquire over the years for the conflict’s victims, pointing who has intervened in this evolution and in which parties, interests and centers of thinking have formed themselves. The Constitutional Court established deadlines and commitments to the authorities, assessed the public policie and its suitability to guarantee the displaced population’s rights, reflected on the commitments of territorial entities and promoted the participation of the civil society and universities to follow its respective tracking. It have been assessed agrarian reforms from the last 80 years presented as government’s laws and plans whose objectives have been to ensure a more productive and equitable countryside but due to the armed conflict, corruption and conflict of interests, this has turned impossible to accomplish. By using a mixed research focus that allows to organize fundamental categories of each judgment declared by the Court in A (Acts), C (Public action of unconstitutionality) or T (Guardianship), it was determined that agrarian reforms have turned in favor of large landowners and industrial macro projects. In spite of this, the land restitution law 1448 of 2011 aimed to return millions of displaced families to the Colombian countryside, but since its implementation it has been demonstrated how the initial objectives would not be achieved due to certain acts of the bureaucratic and legislative apparatus. Passed two years of completing the implementation of the law still remains institutional, judicial and violence barriers that make impossible to accomplish such objectives.