Condiciones urbanas e institucionales que determinan la vinculación del sector de la construcción a la producción y oferta de vivienda de interés social y prioritario VIS-y VIP en el Distrito Capital

Abstract

Por mandato constitucional, “Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia). Sin embargo, de acuerdo con el Censo realizado por el DANE, en 2005 en Colombia habría un déficit habitacional de 3’828.055 unidades. Y para el mismo año, Bogotá tendría un déficit de 369.874 unidades habitacionales, equivalente al 19.51%, para Bogotá y un 3,50% Nacional.

Más recientemente tenemos los Resultados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011 aplicada por el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación, que arrojó para la ciudad un déficit habitacional de 258.057 unidades (116.533 en déficit cuantitativo y 141.524 en déficit cualitativo); equivalente a un 11.81%. Es así como estas cifras determinan la dimensión del desafío distrital que compromete esfuerzos públicos y privados para mitigar el déficit.

En términos de la política, a nivel nacional se experimentó a comienzos de los años noventa un cambio fundamental en el modelo adoptado para garantizar la provisión de vivienda a la población más vulnerable. Como parte de un movimiento latinoamericano, la política de vivienda en Colombia abandonó el esquema del Estado constructor para asumir un enfoque de Estado facilitador, bajo el cual se ofrecen las condiciones para que el sector privado se ocupe de la producción de los proyectos de vivienda social. A la luz de este nuevo esquema, el papel del Estado en todas sus expresiones territoriales se limita a formular la política y asignar los subsidios a la demanda, instrumento adoptado en el país a finales de los setenta.

Tales cambios en el modelo de la política nacional de vivienda se materializaron con la creación del Sistema de Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) en 1991, con la creación del Instituto de Vivienda y Reforma Urbana (INURBE), que a su vez reemplazó al Instituto de Crédito Territorial (ICT), entidad emblemática del modelo constructor anterior. Los ajustes, por supuesto, también tuvieron efectos directos en Bogotá.